La guerra del Agua de Cochabamba es el nombre popular de una serie de protestas que ocurrieron en Cochabamba, la tercera ciudad más grande de Bolivia, entre enero y abril de 2000. Su detonante fue la privatización del abastecimiento del agua municipal.
Antes de la privatización de los servicios públicos de agua de Cochabamba, estos eran controlados por la agencia municipal SEMAPA. El gobierno boliviano sacó SEMAPA a subasta pero solamente un empresa estaba dispuesta a realizar una oferta en el proyecto. Esta era Aguas de Tunari, un consorcio constituido por International Water Limited (Gran Bretaña), Edison (Italia), Bechtel (Estados Unidos), la empresa constructora y de ingeniería Abengoa (España) y dos compañías bolivianas, ICE y SOBOCE. La red del agua que previeron fue proyectada para proporcionar el agua potable a toda la población de Cochabamba. Se propuso doblar el área existente de cobertura y aumentar la producción eléctrica en la región.
Para asegurar la legalidad de la privatización el gobierno boliviano aprobó la ley 2029. Para muchos la ley aparecía dar un monopolio a Aguas del Tunari sobre todos los recursos de agua. La ley consideraba «permitir la venta de los recursos de agua» que nunca realmente habían sido parte de SEMAPA, Esto llevó a la preocupación a los sistemas comunales independientes del agua que todavía no estaban conectados con SEMAPA de que serían expropiados por la nueva concesión debido a esta Ley. La ley indicaba además que la población requeriría una licencia para recoger el agua de lluvia, una política inaplicable.
Al tomar control la compañía levantó las tarifas del agua en un promedio de 35% a cerca de 20 dólares un mes como tarifa mínima. Mientras que esto parece minúsculo en las naciones desarrolladas de las cuales el personal de Aguas de Tunari había venido, muchos de sus nuevos clientes solamente perciben cerca de 100 dólares por mes. En la ignorancia completa de la realidad de su situación, un encargado para el consorcio, Geoffrey Thorpe dijo simplemente que «si la gente no pagara sus cuentas del agua se le cortaría el servicio». Provocó a los pobres en su protesta antes de enero de 2000, cuando los dueños de una casa de clase media y los dueños grandes del negocio de sus subsidios vieron sus propias cuentas del agua aumentar. Pues la cólera sobre las tarifas aumentó, el alcalde Villa se distanció rápidamente de Aguas de Tunari.
Las protestas entraron en erupción cuando Aguas del Tunari impuso su aumento de la tarifa. En enero de 2000 manifestantes entraron en Cochabamba y comenzaron a intentar asumir el control la plaza principal y a formar una barricada, apoyados por empleados de la fábrica de explotación, y los comerciantes. Sectores politizados de las clases medias llegaron de la Universidad y denunciaron al Banco Mundial, al FMI, entre otros. Los manifestantes pararon la economía de Cochabamba llevando a cabo una huelga general cerrando la ciudad por cuatro días consecutivos. Una delegación ministerial fue a Cochabamba y acordó retomar las antiguas tarifas del agua. El 4 de febrero de 2000 los miles de marchistas que protestaban fueron reducidos por las tropas del ejército y tropas llevadas de Oruro y La Paz. Dos días de choques ocurrieron con la policía que usaba gases lacrimógenos y balines. Casi 200 manifestantes fueron arrestados, 70 manifestantes y 51 policías resultaron heridos.
En abril de 2000, los manifestantes asumieron el control otra vez la plaza central de Cochabamba. Cuando los líderes de la Coordinadora para la defensa del agua y de la vida fueron a una reunión con el prefecto en su oficina fueron arrestados. Aunque los liberaron al día siguiente temiendo alguna otra acción del gobierno huyeron ocultándose. Arrestaron a más líderes del movimiento, algunos incluso fueron transferidos a una prisión de la selva en San Joaquín, una población alejada ubicada en plena Amazonía en la frontera con Brasil. Las protestas se separaron rápidamente a otras ciudades incluyendo La Paz, Oruro, y Potosí así como otras áreas rurales. Los manifestantes también ampliaron sus demandas que invitaban al gobierno a resolver el desempleo y otros problemas económicos. Pronto los manifestantes tenían la mayor parte de las carreteras principales en Bolivia bloqueadas. En La Paz lograron amotinarse cuatro unidades de la policía, acuartelándose reclamaban un salario mayor.
El 8 de abril de 2000 se declaró un estado de sitio. Esta era la séptima vez desde el retorno a Bolivia de la democracia en 1982 que «el decreto de estado de sitio» se empleaba. El jefe del Gobierno y ex-dictador Hugo Banzer dijo, «nosotros lo vemos como una obligación, en pro del interés común, la necesidad de decretar un estado de emergencia para proteger la ley y el orden» El decreto suspendió algunas garantías constitucionales, permitiendo que la policía detenga a los líderes de la protesta sin una autorización y se restringía la actividad política con un toque de queda. La libertad de prensa fue acortada con las estaciones de radio que eran asumidas por el control por los militares y algunos reporteros fueron arrestados. La policía se movilizó para hacer cumplir la política con incursiones nocturnas y detenciones de la masa protestante, los líderes cívicos también fueron arrestados. Las balas del gas lacrimógeno y balines de la policía fueron contrarrestados por las piedras de los manifestantes y las bombas molotov. Los continuos choques violentos entre los manifestantes y la policía condujeron al exilio interno, a 40 lesiones, y a 5 muertes.
El 9 de abril de 2000 cerca de la población de Achacachi, la resistencia contra los soldados que trataban de desbloquear el camino a fuego abierto mata a dos personas (incluyendo un muchacho adolescente) y hieren muchos más. Los protestantes utilizando sus armas contra líderes militares hirieron al comandante de batallón Armando Carrasco Nava y al capitán Omar Jesús Téllez Arancibia del ejército. Los manifestantes después encontraron a Téllez en el hospital, lo arrastraron de su cama, lo batieron a la muerte y desmembraron a su cuerpo. También el 9 de abril de 2000, 800 oficiales de policía usaron gas lacrimógeno contra los soldados del ejército. En respuesta el gobierno dio un aumento de paga del 50% a la policía de La Paz para terminar la huelga (los huelguistas habían pedido solo un 20%). Un grupo de soldados pronto exigió su propio aumento, declarando que hubiera discriminación racial en la escala salarial. La policía en Santa Cruz de la Sierra, también fue en la huelga exigiendo un aumento. Los profesores de las escuelas públicas en áreas rurales fueron en huelga que llamaban para los aumentos del sueldo (cuando hicieron 1.000 dólares por año). En la ciudad capital de Paz los estudiantes comenzaron a luchar batallas corrientes con policía. Los manifestantes puestos encima de barricadas de piedras, cerca de Achacachi y Batallas, y violencia explotaron allí también (mataron a un oficial de ejército y a dos granjeros).
Finalmente, el Gobierno capituló, y revocó el contrato, y los precios del agua en Cochabamba volvieron a sus niveles anteriores al 2000, En el Gobierno de Bolivia y el consorcio Aguas del Tunari, reconocieron que «la concesión fue terminada solamente debido al malestar civil y el estado de la emergencia en Cochabamba».
PRISMA, nº 3
(Sección LO QUE QUIEREN QUE OLVIDEMOS
en la contraportada de nuestra circular.)
